Confirma SCJN constitucionalidad en modificación de aranceles para determinados productos plásticos
Comunicado 111/2026
Una empresa promovió amparo contra el decreto que aumentó del 0% al 35% el arancel a la importación de determinados productos plásticos, al considerar que la medida carecía de una justificación suficiente, afectaba la libre competencia y la libertad de comercio, además de incrementar los costos de los insumos necesarios para fabricar sus productos. Un juzgado de distrito les concedió un amparo, el cual fue impugnado por el Poder Ejecutivo Federal.
En la resolución del amparo en revisión 308/2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó la sentencia impugnada y negó el amparo a la empresa, al determinar que el artículo 131 de la Constitución faculta a la persona titular del Poder Ejecutivo Federal para modificar los aranceles con el propósito de regular el comercio exterior, proteger la economía nacional y fortalecer la producción interna.
La ministra Lenia Batres Guadarrama votó a favor de reconocer las modificaciones arancelarias, que no requieren una justificación específica para cada producto, pues forman parte de las facultades constitucionales del Ejecutivo Federal para regular el comercio exterior. La Corte determinó que el decreto impugnado no vulnera la libertad de comercio, la libre competencia ni los demás principios constitucionales invocados por la empresa.
-0-
En otro tema, dos tribunales federales sostuvieron criterios distintos sobre si las personas que reciben transferencias bancarias no autorizadas por su titular deben ser llamadas a los juicios promovidos para lograr la devolución de su dinero. Mientras uno consideró que estas controversias deben resolverse exclusivamente entre la persona cuentahabiente y el banco, el otro sostuvo que quien recibió los recursos podía participar como tercera interesada, debido a que la sentencia podría afectar sus intereses.
Al analizar esta contradicción de criterios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó un proyecto que proponía permitir, a solicitud del banco que, en el juicio interpuesto por el afectado, la persona que recibió los recursos pudiera ser llamada a juicio como tercera interesada, aunque su participación no fuera indispensable para resolver la controversia.
La ministra Lenia Batres Guadarrama votó en contra de la propuesta presentada, al considerar que estos juicios deben resolverse exclusivamente entre la persona titular de la cuenta y la institución bancaria. Lo fundamental es determinar si la transferencia fue autorizada por la persona cuentahabiente y si el banco cumplió con las medidas de seguridad correspondientes, pues éste dispone de la tecnología y los mecanismos necesarios para acreditar la autenticidad de las operaciones.
Apuntó que al incorporar a las personas que recibieron los recursos a los juicios se podría retrasar innecesariamente su resolución debido a las diligencias para localizarlas, notificarlas y permitir su intervención, aun cuando su participación no resulte indispensable para determinar la responsabilidad de la institución bancaria. Los bancos cuentan con otras vías legales para reclamar la devolución de los recursos cuando corresponda, sin necesidad de complicar los procedimientos mediante los cuales las personas cuentahabientes buscan recuperar su dinero.
Con cinco votos en contra del proyecto y cuatro a favor, el asunto fue returnado para una nueva presentación ante el pleno.
17 de noviembre de 2026
Ver similares
José María Pino Suárez no. 2, colonia Centro. Cuauhtémoc, C.P. 06065, México, Ciudad de México
© 2026 - Todos los derechos reservados


