¿Quién es la Ministra del Pueblo?
Perfil Institucional
Lenia Batres Guadarrama nació el 6 de agosto de 1969 en la Ciudad de México. Es licenciada en derecho, maestra en derecho penal, maestra en gestión pública, maestra en estudios de la ciudad, candidata a doctora en estudios de la ciudad y doctorante en derecho constitucional. Fue diputada federal en la LVII Legislatura de Congreso de la Unión.
En el Gobierno de la Ciudad de México, fue directora general jurídica y de gobierno de la Delegación Cuauhtémoc, asesora de la Jefatura de Gobierno, directora general de Regulación al Transporte y directora general de Asuntos Jurídico-Normativos de la Autoridad del Espacio Público.
Fue profesora de diversas asignaturas en la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga (hoy integrada a la Universidad Benito Juárez) y en las licenciaturas de derecho y de ciencia política y administración urbana de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Ha presentado 14 ponencias sobre derecho a la ciudad y derecho urbanístico en instituciones académicas de México, Argentina y España. Es coautora de seis libros y varios artículos académicos.
Premio Mexicano de Sociología 2017-2018, Categoría Profesionistas: Vicente Lombardo Toledano, otorgado por el Colegio Mexicano de Sociología, S.C. en 2018 y Medalla Emilio Krieger, otorgada en 2024 por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.
El 14 de diciembre de 2023, fue designada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, posteriormente, resultó electa para el cargo por voto popular en el proceso electoral judicial de 2025 organizado por el Instituto Nacional Electoral.
Visión de la justicia
La función jurisdiccional del Estado, dirigida a garantizar la aplicación de la ley en los casos en que una persona o un colectivo considera violentados sus derechos, debe proteger principalmente los derechos humanos, empezando por los derechos sociales. Las personas juzgadoras deben dejar de verse como funcionarias de élite nombradas por mérito individual. Tienen que asumirse como personas servidoras públicas capaces de cumplir su función conforme a la ley, con humildad, honradez y vocación de servicio.
La impartición de justicia debe garantizar el cumplimiento de la norma con apego a la Constitución; debe entender los actos y hechos que se juzgan conforme al contexto social en que ocurren; debe distinguir las condiciones de desigualdad entre las partes en conflicto; debe ajustarse a la letra de la ley y, en caso de duda o necesidad de interpretación, resolver en favor del más débil, y debe tener como horizonte el ejercicio de los derechos humanos, iniciando por los derechos sociales.
Propuestas de campaña
Propuesta 1: Justicia social. Nadie puede ejercer derechos y libertades individuales si no tiene resueltas sus necesidades básicas. El Poder Judicial debe contribuir a combatir la principal injusticia de la sociedad: la desigualdad. Debe formular criterios jurisdiccionales que coadyuven a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales: educación, salud, vivienda, alimentación, agua, trabajo, seguridad social, cultura y medio ambiente sano, en armonía con las facultades de los otros poderes.
Propuesta 2: Acceso a la justicia. Organización de defensorías públicas, comisiones de derechos humanos y procuradurías en la defensa y representación de la ciudadanía en general para garantizar que toda persona tenga la posibilidad de denunciar o defenderse en juicio. Articular en el Poder Judicial instrumentos pedagógicos y formularios accesibles para permitir la actuación de la ciudadanía en los juicios o alguna de sus etapas en que sea posible. En las sentencias, privilegiar el fondo sobre la forma.
Propuesta 3: Austeridad. Apego a la obligación de administrar los recursos del Poder Judicial con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Priorizar el uso del presupuesto en el adecuado servicio de justicia, tanto en infraestructura para atender al público, como en el desarrollo de instrumentos que faciliten su acceso. Apego a la obligación de otorgar remuneraciones adecuadas y proporcionales conforme al límite constitucional. Erradicar abusos y privilegios para titulares y alta burocracia.
José María Pino Suárez no. 2, colonia Centro. Cuauhtémoc, C.P. 06065, México, Ciudad de México
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