Día Mundial del Hábitat, por el derecho a la ciudad
Colaboración con El Universal
En 1985, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el primer lunes de octubre como Día Mundial del Hábitat. Este año corresponde al 5 de octubre. La idea de “hábitat” supera el concepto de “vivienda” como espacio en sí mismo, para concebirla como lugar con acceso a servicios que garantizan condiciones de vida adecuadas: agua, luz, escuelas, comercios, centros de trabajo, transporte, entre otros. “Hábitat” tiene que ver con la existencia de “vivienda adecuada”, cuyas condiciones son contar con seguridad en la tenencia, servicios, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, buena ubicación y pertinencia cultural.
En los años 70, la intensa migración de población rural hacia las ciudades provocó el crecimiento urbano a través de asentamientos sin infraestructura, que multiplicaban las condiciones de pobreza, marginación, desempleo, inseguridad, contaminación, insalubridad y riesgos en la integridad física de sus habitantes.
La Asamblea General de las Naciones Unidas organizó la Primera Conferencia Internacional del Hábitat (mejor conocida como Hábitat I), en Vancouver, Canadá, en 1976. Uno de sus grandes méritos fue vincular los asentamientos humanos con el desarrollo social, económico y ambiental, y recomendar políticas sobre suelo, servicios, vivienda y empleo.
Para México, tuvo una enorme trascendencia, pues visualizó toda una rama de política pública que había estado ausente, si bien para entonces ya había destacados estudios urbanos. Impulsada por Hábitat I, se publicó, el 26 de mayo de 1976, la primera Ley General de Asentamientos Humanos.
En 1996, la ONU organizó Hábitat II, en Estambul, Turquía, que acordó la Agenda Hábitat: vivienda adecuada para todas las personas y asentamientos sostenibles, a través de la planificación de infraestructura pública y servicios urbanos, a través de los municipios, con base en la descentralización y corresponsabilidad privada.
En 2016, se realizó Hábitat III, en Quito, Ecuador, de la que emergió la Nueva Agenda Urbana (NAU), que vincula la urbanización con la Agenda 2030. Su objetivo fue lograr ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, con igualdad de derechos y oportunidades, a través de la planificación territorial participativa y de largo plazo, control de la expansión urbana desordenada, regeneración de barrios y acceso a vivienda, servicios, espacios públicos y movilidad eficiente. Prioriza la protección del patrimonio común con los ecosistemas y la biodiversidad, junto con el uso de energías limpias, la reducción de emisiones y la prevención de desastres.
La aplicación de la NAU estaría a cargo de todos los niveles de gobierno, en coordinación con la sociedad civil, el sector privado, la academia y los organismos internacionales, con participación de mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, migrantes, refugiados y, en general, grupos vulnerables, a través de instituciones sólidas que aplicarían políticas innovadoras, bajo evaluación transparente y con financiamiento diversificado.
La NAU reivindica un concepto desarrollado por la academia y los movimientos urbano-populares desde los años 60: el derecho a la ciudad, como derecho de todas las personas a usar, disfrutar, construir y habitar ciudades justas, seguras, sanas, accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles, sin discriminación. El derecho a la ciudad fue incorporado, desde 2016, tanto a la Ley General de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano o Ordenamiento Territorial como a varias constituciones de entidades federativas, como la de la Ciudad de México.
Las ciudades generan bienestar cuando permiten el disfrute de vivienda adecuada, movilidad, seguridad, medio ambiente sano y participación de sus habitantes en sus definiciones.
Según la Comisión Nacional de Vivienda, en México existe un déficit de 474,188 viviendas. Es el principal reto urbano.
Lenia Batres Guadarrama.
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