Entramos a una fase de consolidación de la reforma y de supresión
Comunicado 51/2026
Lo peor que le puede pasar al Poder Judicial es la restauración de privilegios.
En el foro “Reforma Judicial: a seis meses de su implementación”, organizado por el Frente Nacional de Personas Juzgadoras en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN), la ministra Lenia Batres Guadarrama sostuvo que el principal desafío de la transformación judicial en México es avanzar en el acceso a la justicia y dotar de criterios de justiciabilidad a los derechos sociales.
Sin embargo, el mayor riesgo que se tiene es la restauración de privilegios y la continuación de conductas arbitrarias, insensibles hacia la población, o francamente corruptas, que se permitieron en el Poder Judicial. Tenemos que cerrar el paso a los retrocesos.
“Creo que el primer reto es el del acceso a la justicia. Solamente, el 1.3% de la población tiene acceso a presentar sus denuncias o demandas ante un cuerpo jurisdiccional”, advirtió. Es fundamental que se armonice el trabajo de las distintas instituciones de administración e impartición de justicia: el Ministerio Público, las defensorías públicas, las comisiones de derechos humanos y los poderes judiciales federal y local de nuestro país.
Afirmó que, “junto con el tema del acceso a la justicia, hay otro gran pendiente que tiene que ver con la justicia social”. Subrayó que uno de los cambios de fondo consiste en reconocer plenamente los derechos sociales dentro de la práctica jurisdiccional. “Los derechos sociales son derechos humanos; ya no pueden seguir estando excluidos del ámbito de la defensa del juicio de amparo”.
Asimismo, indicó que su aplicación efectiva requiere criterios que permitan hacerlos ejecutables, retomando estándares internacionales. “Las observaciones del Comité de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales han aportado criterios de ejecutabilidad y de justiciabilidad de los derechos humanos a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la seguridad social, al agua, al medio ambiente sano, a la cultura y a la ciencia”, explicó.
En estos primeros seis meses, se han dado avances importantes en el Poder Judicial de la Federación, entre los cuales, destacó la apertura de las decisiones judiciales al escrutinio público. “Hemos pasado del 5% al 100% de los asuntos resueltos por el Pleno de la Suprema Corte en sesión pública”.
Precisó que la legitimidad del Poder Judicial no depende únicamente de sus mecanismos de integración, sino de su capacidad para responder a la sociedad. “La votación de jueces y juezas no es el único elemento de una buena democracia judicial; es necesario que el actuar de las personas juzgadoras contribuya a una mayor cultura de los derechos que lleve a las y los mexicanos a defender mejor sus derechos”.
Finalmente, la ministra Batres subrayó que la consolidación de la reforma exige fortalecer la preparación, la ética y la responsabilidad de quienes imparten justicia, a fin de garantizar resoluciones que atiendan las necesidades reales de la población.
En el encuentro con personas juzgadoras de la región Centro, participaron Juan Carlos Hinojosa, magistrado mixto en Hidalgo; Luis Ramón Marín Barrera, magistrado administrativo en Puebla; Karla Alin Ortiz Domínguez, jueza laboral en el Estado de México; Isaac Ortiz Nepomuceno, magistrado civil en Ciudad de México; Nelly Lilian Ferro Ortiz, magistrada mixta en Hidalgo; Graciela Ramírez Alvarado, magistrada penal y administrativa en Morelos, y Alberto Torres Villanueva, magistrado penal en Ciudad de México.
Comunicado 51/2026 13 de abril de 2026
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