Propiedad social sigue vigente y es pilar territorial, ambiental
Comunicado 50/2026
La ministra de la SCJN destacó que la igualdad entre hombres y mujeres en el campo es una de las mayores deudas de la historia mexicana.
En el marco de la firma del convenio “Alianza para la defensa de la propiedad social de la tierra y el territorio”, este jueves 9 de abril, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Lenia Batres Guadarrama destacó la vigencia y fortaleza de la propiedad social en México, al subrayar que, pese a la reforma de 1992 y décadas de políticas orientadas a su desaparición, el sistema ejidal no sólo ha resistido, sino que se ha fortalecido.
“Han sobrevivido a tres décadas en las que se apostó a su extinción y que no solamente no quisieron diluirse, sino que terminaron fortaleciendo esta forma, esta modalidad de propiedad social”, afirmó.
La togada resaltó que los ejidos y comunidades agrarias son una base estratégica para la nación, tanto en términos territoriales como ambientales. “Los ejidos y comunidades agrarias, actualmente, constituyen el 51% de nuestro territorio nacional, y albergan el 80% de la biodiversidad del país. Es una de las principales conquistas históricas derivadas de la Revolución Mexicana”.
Sostuvo que “después de la reforma de 1992 al artículo 27 constitucional, se permitió la venta, renta y asociación de tierras ejidales con capital privado; se eliminó el carácter inalienable de la propiedad ejidal, y se introdujo la figura del dominio pleno. No obstante, dichas reformas no lograron desarticular el sistema ejidal, el cual ha mostrado crecimiento sostenido en su base social”.
Durante su participación, la ministra Batres habló sobre los riesgos contemporáneos que enfrentan los ejidos y comunidades, particularmente por procesos de urbanización y desarrollo turístico en zonas como Cancún, la Riviera Maya y Los Cabos.
Asimismo, aseguró que “la igualdad entre hombres y mujeres en el campo es una de las mayores deudas de la historia mexicana. La exclusión de las mujeres en este proceso social lo hizo doblemente injusto. La igualdad en el ejido sigue llegando tarde y a cuentagotas y bueno, hay que acelerarlo”.
La ministra concluyó que la defensa y fortalecimiento de la propiedad social es fundamental para el desarrollo sostenible, la justicia territorial y la preservación de los recursos naturales del país. Enfatizó la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de garantizar justicia en el ámbito agrario y puntualizó que “se requiere un aparato de justicia robusto, accesible, eficaz y, sobre todo, articulado. Por esas razones, festejamos el día de hoy la firma de este convenio interinstitucional”.
El evento fue encabezado por el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, con la participación de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra; la magistrada Eva Verónica de Gyvés Zárate, integrante del Tribunal de Disciplina Judicial; la licenciada Griselda Martínez Vázquez, subsecretaria de Ordenamiento Agrario e Inventarios de la Propiedad, (Sedatu); el señor Jesús Valente Esteva González, presidente de bienes comunales de Santa María Chimalapa, Oaxaca; el maestro José Alberto Gallegos Ramírez, integrante del Órgano de Administración Judicial; el ingeniero Víctor Suárez Carrera, procurador agrario; el maestro Luis Cruz Nieva, director en jefe del Registro Agrario Nacional, y la señora Irma Graciela Monroy Uribe, expresidenta del comisariado ejidal del núcleo agrario Aquiles Serdán, Hidalgo.
10 de abril de 2026
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