SCJN confirma constitucionalidad de medidas de apremio
Amparo en revisión 37/2026
Un banco impugnó el artículo 126, fracción II, de la Ley Federal de Competencia Económica y el artículo 195 de sus disposiciones regulatorias, que regulan la imposición de multas por incumplir requerimientos de información de la autoridad. Argumentó que estas normas no establecían con suficiente claridad las conductas que podían dar lugar a una multa ni qué valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) debía utilizarse para calcularla, lo que generaba incertidumbre jurídica.
La Suprema Corte negó el amparo y confirmó la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas al aprobar por unanimidad el proyecto que presenté. Estas medidas no buscan castigar a las empresas, sino garantizar que entreguen la información necesaria para investigar posibles prácticas monopólicas y evitar obstáculos o retrasos en las investigaciones. La ley establece con claridad las consecuencias de incumplir estos requerimientos. Las multas deben calcularse con el valor de la UMA vigente durante el periodo de incumplimiento, lo que brinda certeza jurídica sobre su aplicación.
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