Insiste la Ministra Batres que corresponde proteger la propiedad ejidal como tema de constitucionalidad
Comunicado 90/2026
Ante una posible afectación de tierras ejidales, los tribunales deben ejercer las facultades que les otorga la Ley Agraria para esclarecer los hechos, antes de negar su restitución por insuficiencia probatoria.
Al resolver el cuarto amparo directo en revisión relacionado con tierras de la comunidad ejidal de Chuburná, en Mérida, Yucatán, la ministra Lenia Batres sostuvo la necesidad de ir al análisis de fondo, para determinar si los tribunales cumplieron con su deber antes de negar la restitución y si ejercieron sus facultades legales para resolver adecuadamente las controversias que afectan a núcleos ejidales.
La controversia tiene como origen cuando la comunidad ejidal reclamó la restitución de un terreno que consideraba parte de sus tierras, mientras que una persona particular sostuvo ser propietaria del inmueble desde que lo adquirió mediante una compraventa celebrada en 1989 y durante el juicio se presentaron peritajes con conclusiones distintas sobre la ubicación e identidad del predio. El proyecto que la ministra Lenia Batres Guadarrama presentó al Pleno propuso analizar el fondo del asunto, pues la controversia no se limitaba a determinar qué peritaje debía prevalecer, sino que involucraba la protección constitucional de la propiedad social y el derecho de los núcleos agrarios a una justicia efectiva.
Además, consistía en determinar si, ante una posible afectación de tierras ejidales, los tribunales pueden negar su restitución por insuficiencia probatoria sin ejercer previamente las facultades que les confiere la Ley Agraria para ordenar las diligencias necesarias que esclarezcan los hechos. La ministra Batres Guadarrama ha sostenido este criterio en los amparos directos en revisión 1150, 1158 y 1380, así como en los recursos de reclamación 153, 140, 142, 127 y 156, todos de 2026.
El proyecto, que tuvo tres votos a favor y cuatro en contra, fue returnado.
17 de septiembre de 2026
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