SCJN ordena medidas integrales para reducir hacinamiento en centro penitenciario del Estado de México
Comunicado 91/2026
Corte determinó que la sobrepoblación penitenciaria puede generar condiciones incompatibles con la dignidad humana.
Medidas contra el hacinamiento deben atender las condiciones particulares de las personas privadas de la libertad y proteger sus derechos: ministra Lenia Batres
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó adoptar medidas para reducir la sobrepoblación en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca, en el Estado de México, y garantizar condiciones dignas y seguras para las personas privadas de la libertad.
Al resolver el amparo en revisión 310/2025, la Corte analizó el caso promovido por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) ante las condiciones de sobrepoblación y hacinamiento del centro penitenciario, que albergaba a 3,282 personas por encima de su capacidad.
Un juzgado federal había desechado el asunto al considerar que no se demostró la falta de actuación de las autoridades y que el IFDP no podía promover el amparo. La SCJN revocó esa decisión y determinó que el Instituto puede acudir al juicio de amparo frente a condiciones de hacinamiento que afecten las condiciones de reclusión.
La Corte reconoció que la sobrepoblación penitenciaria puede generar condiciones incompatibles con la dignidad humana y constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes. Por ello, ordenó a las autoridades del Estado de México elaborar, en un plazo de seis meses, un plan integral para reducir el hacinamiento.
La ministra Lenia Batres Guadarrama votó a favor del proyecto, aunque expresó reservas respecto de que el IFDP pueda representar a la población del centro penitenciario sin que las propias personas se lo hayan solicitado.
Asimismo, señaló que las medidas para enfrentar el hacinamiento deben fortalecerse y no limitarse al traslado de personas de un centro penitenciario a otro. Consideró necesario contar con un diagnóstico integral que permita establecer acciones, responsabilidades, plazos y metas concretas, a partir de las condiciones particulares de cada persona y garantizando su participación informada.
La ministra Batres Guadarrama sostuvo que cualquier medida que se adopte debe proteger los vínculos familiares de las personas privadas de la libertad, su derecho a una defensa adecuada, su salud y sus posibilidades de reinserción social.
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