SCJN protege derecho a la identidad, pero mantiene plazo que lo limita
Comunicado 74/2026
Concedió el amparo a una mujer que solicitó que se reconociera legalmente que una persona fallecida era su padre, pero dejó subsistente el artículo 518 del mencionado Código, que establece el plazo de cuatro años para el reconocimiento de paternidad biológica y de derechos sucesorios.
Una mujer solicitó que se reconociera legalmente que una persona fallecida era su padre. Aunque una prueba de ADN confirmó el parentesco, un juez rechazó la solicitud, dado que este tipo de reconocimiento, de acuerdo con el Código Civil del Estado de Jalisco, sólo puede hacerse mientras el presunto padre esté vivo o dentro de los cuatro años posteriores a su muerte. La mujer demandó el amparo contra esta decisión que afecta su derecho a conocer su identidad y origen biológico.
Al resolver el amparo directo 4/2024, la mayoría del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió el amparo, pero dejó subsistente el artículo 518 del mencionado Código, que establece el plazo de cuatro años para el reconocimiento de paternidad biológica y de derechos sucesorios.
Voté en contra, porque ese plazo debió declararse inconstitucional. El derecho a la identidad es un derecho humano que no puede suspenderse con el paso del tiempo ni supeditarse a las consecuencias jurídicas de derechos sucesorios derivados de la filiación de la persona.
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En otro asunto, una empresa que tributaba en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) tuvo que cambiar al régimen general del ISR por haber rebasado el límite de ingresos permitidos en el RESICO. Conforme al artículo 214, párrafo segundo, de la Ley del ISR, ese cambio modifica el monto que debe pagar. La empresa impugnó esa disposición fiscal al considerar que vulnera los principios de equidad y proporcionalidad tributaria. Un juez federal le negó el amparo.
Al analizar el amparo en revisión 487/2025, la SCJN determinó que esa diferencia no viola el principio de equidad tributaria, porque el Congreso puede establecer reglas especiales para las empresas que cambian de régimen fiscal dentro de un mismo ejercicio derivado del incremento de sus ingresos. Por lo anterior, la SCJN ratificó la negativa del amparo.
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Al finalizar, la sesión de hoy, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, invitó a dar un mensaje por el cierre del primer periodo de sesiones de este Tribunal Pleno correspondiente a 2026. A continuación, el mensaje que pronuncié:
Cerramos este primer periodo de sesiones del primer Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación elegido por el voto universal, directo y secreto de las y los ciudadanos mexicanos.
Sin aspavientos, transitamos hacia una época histórica de servicio a nuestra patria desde la Constitución, la independencia judicial y el compromiso permanente con la justicia.
Durante este periodo, este tribunal constitucional ha conocido y resuelto asuntos de relevancia para la vida individual y colectiva del país. Hemos interpretado y protegido derechos de los pueblos y comunidades indígenas, de las y los trabajadores, de personas con discapacidad, de personas integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+, derecho a la seguridad social, al medio ambiente sano, a la educación, a la salud, a la igualdad sustantiva, al acceso a la justicia, a la seguridad jurídica, entre otros.
Esta Corte ha demostrado un alto nivel de coincidencias en sus deliberaciones y decisiones. Ello refleja que, aun desde la pluralidad de criterios y trayectorias, existe una convicción común: hacer prevalecer la Constitución, fortalecer el Estado de derecho y colocar a las personas en el centro de la función jurisdiccional.
Hemos actuado con autonomía, responsabilidad institucional y altura de miras. Cada resolución ha exigido estudio, diálogo, deliberación pública y una profunda conciencia del impacto que las decisiones de este Alto Tribunal tienen en la vida democrática, social y jurídica de la Nación.
Nuestra tarea constitucional es clara: promover, proteger, defender y garantizar los derechos humanos; preservar el equilibrio entre los poderes; asegurar la supremacía constitucional; y ofrecer respuestas jurídicas que fortalezcan la confianza de la sociedad en sus instituciones.
Al concluir este periodo de sesiones, reconocemos el trabajo de quienes integran este Tribunal Pleno: las ponencias, el personal técnico y administrativo que hacen posible el funcionamiento cotidiano de la Suprema Corte. La justicia constitucional es una labor colectiva que exige rigor, vocación de servicio y compromiso con México.
Seguiremos trabajando con apertura, transparencia y sentido republicano, conscientes de que la legitimidad de la justicia se construye todos los días con decisiones fundadas, imparciales y orientadas a proteger la dignidad de todas las personas.
Con ese compromiso cerramos este periodo y reafirmamos nuestra responsabilidad de continuar impartiendo justicia constitucional al servicio del pueblo de México.
14 de julio de 2026
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