SCJN ratifica constitucionalidad de plazo para reclamaciones por responsabilidad patrimonial del Estado
Comunicado 109/2026
Al analizar el amparo directo en revisión 5740/2025, la Corte estudió el caso de una mujer que falleció en 2019 en un hospital público. En 2021, su esposo e hijas solicitaron una indemnización al Estado al considerar que su muerte pudo derivar de una negligencia médica. Las autoridades rechazaron la reclamación por estimar que se presentó fuera del plazo legal de dos años señalados en el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
La familia se inconformó ante la propia institución, alegando que debía aplicarse el plazo de diez años contenido en el artículo 1159 del Código Civil Federal, lo que fue rechazado, ante lo cual presentaron demanda en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que confirmó la decisión de la institución de salud. Ante ello, presentó demanda de amparo en un tribunal colegiado, que les dio la razón, sentencia objeto del análisis de la Corte.
En el recurso de revisión discutido en la sesión de hoy, la ministra Batres propuso confirmar la constitucionalidad del artículo 25 Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, con base en el precedente, al resolver el amparo en revisión 51/2026 del 22 de junio del 2026 por siete votos a favor, y puso a consideración del Pleno emitir un criterio objetivo para determinar la fecha precisa a partir de la cual debía contabilizarse los dos años señalados en esa disposición.
Con ocho votos se confirmó la constitucionalidad de los dos años señalados en el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, acto seguido el debate se concentró en si debía la Corte decidir el momento en el cual se debe contabilizar ese plazo, y por cinco votos contra cuatro se determinó que la Corte sí debía decidir ese momento, y por votación de seis contra tres, se determinó que éste correspondiera a la fecha en la cual los particulares tuvieran conocimiento de la presunta actividad irregular del Estado.
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En otro asunto, la SCJN concedió un amparo a una mujer indígena chinanteca de Oaxaca, adulta mayor y hablante únicamente de su lengua originaria, quien solicitó una indemnización al Estado después de permanecer 78 días en prisión por una acusación relacionada con el manejo de recursos de un programa social para la crianza de cerdos, de la que fue liberada por falta de pruebas.
Al resolver el amparo directo 44/2026, la Corte analizó la decisión de las autoridades de rechazar su solicitud de indemnización y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de desestimar una prueba sobre su situación de vulnerabilidad por haber sido presentada en copia simple.
La SCJN ordenó emitir una nueva sentencia que analice el caso con perspectiva intercultural e interseccional, tomando en cuenta las barreras sociales, culturales y lingüísticas que enfrenta la mujer por su condición de indígena, adulta mayor y monolingüe. Determinó que no debió descartarse una prueba relevante por cuestiones meramente formales ni exigirse a la mujer demostrar aspectos que correspondía acreditar al Estado.
La ministra Lenia Batres Guadarrama votó a favor de la decisión al considerar que establece la obligación de las personas juzgadoras de analizar este tipo de asuntos desde un enfoque interseccional que considere el enfoque de género, de adulta mayor y de persona indígena, sin limitar su libertad de criterio jurisdiccional.
4 de noviembre de 2026
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